Pese a reconocer que no debe aprobarse el llamado proyecto de Ley 163 de manera apresurada y que las deliberaciones pasarían al 2025 en sesiones ordinarias, el presidente de la República, José Raúl Mulino, principal impulsor de la iniciativa, dijo en conferencia de prensa que espera que la norma pase en primer debate antes de fin de año y hasta el 15 de enero pueda ser aprobada por el pleno legislativo.
En su más reciente reunión con la bancada del partido Cambio Democrático, Mulino aseveró incluso que la Asamblea Nacional (parlamento) tiene toda la facultad de hacerle modificaciones al texto pero deben demostrar al país que esos cambios le darán sostenibilidad al sistema de seguridad social a largo plazo.
Según trascendió, desde la CSS proponen al menos 25 modificaciones, entre ellas lo relativo a los poderes del director, la gobernanza, las atribuciones de la junta directiva, las pensiones por viudez, la inclusión de los independientes y la mora en el pago de la cuota empleado-empleador.
El dilema radica, según analistas, en el aumento de tres años en la edad de jubilación, pasando de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, pues diversos sectores de la sociedad rechazan este incremento.
Por su parte, las organizaciones populares demandan se retome el sistema solidario para el pago de pensiones y rechazan el de las cuentas individuales que impulsan los empresarios privados que traerían como consecuenca jubilaciones de miseria.
Para el director de la CSS, Dino Mon, cualquier otra reforma que no toque la edad de jubilación es una reforma temporal.
También el jefe de Estado señaló que la integralidad del proyecto es vital, y eso incluye los tres años de aumento en la edad de jubilación, el incremento de tres puntos porcentuales de la cuota para el empleador y que el Estado garantice los 966 millones de dólares que está comprometiéndose a aportar al fondo común solidario de la CSS.
No obstante, fuentes del Ejecutivo aseguran que el gobierno estaría dispuesto a negociar ajustes en el incremento de la edad de jubilación, aunque alertan sobre los riesgos para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) si no se aprueban las reformas a tiempo, pues el sistema enfrenta problemas estructurales y financieros que requieren medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad.
El pasado 23 de diciembre, la comisión desmanteló una comisión tripartita (trabajadores, empleadores y Ejecutivo) que había creado para analizar las propuestas al proyecto de ley 163.
También definieron la metodología del debate en cuatro bloques, comenzando por los primeros 50 artículos relacionados con naturaleza jurídica y fines de la institución, incluyendo disposiciones sobre la junta directiva, la transparencia y la prevención de actos de corrupción.
Los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, inscripción, afiliación, pago de cuotas y sanciones por declaraciones falsas, modalidades y cálculos de pensiones, modernización de la CSS y aportes estatales al Fondo General de Reserva, son otros de los temas en discusión.
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