La investigación preliminar iniciada considera la posibilidad de que el titular haya cometido el delito de discriminación, para el que el Código Penal fija un castigo de dos a tres años de prisión.
Las pesquisas fueron iniciadas por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y se originaron semanas atrás, al día siguiente de la jornada internacional de los derechos humanos.
Quero fue preguntado ese día por una reportera, sobre el silencio oficial en la efemérides sobre medio centenar de muertos en la represión de las protestas contra el ascenso, en 2022, de Dina Boluarte a la Presidencia, que duraron más de tres meses.
“Los derechos humanos son para personas, no para las ratas”, respondió el controvertido ministro, según el registro de televisión y audio, ante lo cual Quero alegó que no había escuchado bien la pregunta y creyó que la reportera le preguntaba sobre los violadores de niños.
La denuncia de los abogados Ronald Atencio y Javier Adrianzén y el presidente de la Organización de Familiares y Víctimas de las Masacres de 2022–2023, Raúl Samillán, señala que el ministro cometió delito de discriminación al referirse a los caídos en forma denigrante y ofensiva y atentar contra su dignidad humana.
Tras la cuestionada declaración de Quero, el defensor del Pueblo, Josué Guiérrez, condenó lo dicho y pidió a la presidenta Boluarte que lo retire sumariamente del cargo, mientras el primer ministro, Gustavo Adrianzén, lo defendió.
Un grupo plural de parlamentarios planteó la censura (virtual destitución) del ministro, pero la iniciativa no prosperó.
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