Medina compareció este jueves vía telemática ante el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde con la voz quebrada recalcó que los cuatro menores desaparecidos son estudiantes que amaban jugar al fútbol, sin hacer daño a nadie.
Ecuador está pendiente de este caso de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, así como Saúl Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, que desaparecieron el pasado 8 de diciembre en el sector de La Malvinas, Guayaquil, luego de que uniformados se los llevaran en una camioneta.
“Estamos angustiados, estamos dolidos, estamos entristecidos, partidos por dentro”, indicó Luis Eduardo Arroyo, padre de los hermanos que pidió al Gobierno respuestas y exigió “que los regresen con vida, así como se los llevaron”.
Por su parte, el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, que no asistió en la mañana a la Comisión de la Niñez de la Asamblea, declaró a una emisora local que nada justifica la desaparición de los cuatro menores en la ciudad de Guayaquil.
En entrevista con Radio Centro, reiteró que “no se va a encubrir a nadie y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores”.
Loffredo insistió en la versión de que los adolescentes formaban parte de un grupo que supuestamente estaba robando a una mujer cerca de un centro comercial, aunque los padres y activistas de derechos humanos rechazaron esta teoría con base en un video que publicó la Asamblea Nacional y circula en redes.
El ministro cuestionó que quieran descargar la responsabilidad en las Fuerzas Armadas aunque el señor Arroyo asegura que recibió una llamada en la cual un desconocido dijo que los militares soltaron a los niños y se los llevó la mafia.
Más allá de esas declaraciones, la juez constitucional Tanya Loor declaró como “desaparición forzada” el caso, un calificativo que rechazaron el ministro Loffredo y otras autoridades.
Varios cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre en las cercanías de la Base Aérea de Taura, a 39 kilómetros de Guayaquil, pero aún no han podido ser identificados todavía.
Este hecho que impacta al país ha conllevado manifestaciones en varias ciudades, mientras organismos internacionales expresaron preocupación y llamaron al Gobierno a investigar.
Entre las entidades que se pronunciaron están la oficina de la ONU para Derechos Humanos para América del Sur (Acnudh) y la oficina regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para América Latina y el Caribe.
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