El hecho desató una ola de sospechas y demandas parlamentarias y periodísticas de que el deceso sea plenamente esclarecido.
El Ministerio Público informó que la fiscal a cargo, Rocío Reyes, dispuso la necropsia y “la inspección técnico policial en la escena del crimen”.
Se refirió así a la habitación de un hotel del distrito limeño de Magdalena, donde se encontró el cadáver del empresario Nilo Burga, titular de una empresa que durante varios años proveyó alimentos enlatados insalubres a escuelas estatales.
Según trascendidos, el occiso tenía consigo sus tarjetas bancarias, documentos personales y dinero y había en la habitación dos cuchillos, y el abogado de Burga, César Eucástegui, reveló que su cliente dejó un extenso texto sobre la citada investigación.
El letrado agregó que otra persona escribió el manuscrito por indicación de Burga, quien lo firmó, y agregó que el empresario era atendido por problemas psiquiátricos y psicológicos, agravados por el pedido de la Fiscalía de que sea sometido a prisión preventiva.
El analista jurídico Andy Carrión acotó que la hipótesis de la Fiscalía considera indicios que no necesariamente apuntan a que el empresario se suicidó y, de haberse quitado la vida, será pertinente investigar la posibilidad de que su muerte haya sido instigada.
Carrión añadió que la muerte de Burga no determina el cierre del caso, aunque debilitará las investigaciones, al no contar la Fiscalía con un testimonio fundamental.
Burga era titular de la empresa Frigoinca que suministraba a escuelas estatales de al menos ocho regiones peruanas, enlatados de carne de caballo, según declaró a una televisora en octubre pasado Noemí Alvarado, extrabajadora de la compañía.
Alvarado dio también indicios según los cuales la empresa conseguía mediante sobornos la aprobación de esos productos por funcionarios del programa social de alimentación escolar que dirigía entonces el hoy vocero presidencial, Fredy Hinojosa.
Hinojosa estaba al frente del programa Qali Warma (Niño Vigoroso), del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuando era su titular la actual gobernante Dina Boluarte, y es investigado por la Fiscalía, que la semana pasada allanó su casa, aunque negó estar involucrado en actos de corrupción.
El actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, también ex funcionario del mismo organismo, fue interpelado como responsable político de suministro de alimentos en mal Estado a las escuelas estatales, de lo cual se declaró inocente y salió indemne.
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