La normativa comprende registros generados entre junio de 1973 y febrero de 1985, aunque también habilita la inclusión de documentos anteriores y posteriores relacionados.
Según lo establecido, el acceso a estos materiales deberá respetar protocolos que contemplan la denuncia de posibles delitos y aseguran la protección de información vinculada a la vida privada, dignidad humana y entorno familiar de las personas involucradas.
La ley fue aprobada con el respaldo de la oficialista Coalición Republicana, mientras que el Frente Amplio votó en contra.
Los ministerios de Educación y Cultura y de Defensa Nacional serán responsables de la administración de estos archivos, que incluyen mil 500 rollos de microfilms con miles de páginas en promedio, producidos por dependencias de inteligencia militar desde la década de 1970 hasta la de 1990.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, expresó que apoya la reglamentación “siempre y cuando” no implique “revictimizar” a las personas.
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