El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, confirmó que no se pudo imponer la voluntad del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el proyecto de ley 163 que pretendía se aprobara en primer debate antes del 31 de diciembre.
El movimiento popular, dijo, desde ya nos preparamos para esas deliberaciones sobre una iniciativa vital para el beneficio de los trabajadores y sus familiares.
La medida fue anunciada por el presidente de esta instancia, el diputado Alaín Cedeño luego de que se culminara con la lectura de los 210 artículos del proyecto 163, por lo que será discutido en enero de 2025 cuando se inicia la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias.
Cedeño mostró su esperanza en que el próximo año se puedan poner de acuerdo, conociendo que todos los estudios actuariales y los de la Organización Internacional del Trabajo demostraron que las finanzas de la CSS se han agotado y deben tomar decisiones.
Cedeño afirmó que el Ejecutivo tenía conocimiento de la decisión de ponerle pausa a este primer debate y detalló que están evaluando retomar el mismo el viernes 3 o el lunes 6 de enero.
La víspera, también el jefe de Estado se reunió con presidentes de partidos y líderes de los partidos políticos para abordar el tema de las reformas a la seguridad social.
Uno de ellos, el exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, comentó que le manifestó a Mulino la importancia de que como país se dieran más tiempo para debatir la reforma a la CSS y buscar consenso para las modificaciones.
En tanto, la presidenta del partido Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, indicó que la idea es buscar alternativas viables que permitan la paz social, de ahí la necesidad de extender el debate al mes de enero.
Por su parte, la junta directiva de la CSS remitió al Legislativo algunos cambios a la versión inicial del Proyecto de ley 163, entre ellos establecer límites de inversión y reforzar la transparencia, controles y fiscalización de la administración de los fondos.
Además se descarta ampliar montos y facultades del director general para compras abreviadas de bienes y servicios que no sean de urgente necesidad para los pacientes asegurados y se amplía la restricción de participación en la Junta Directiva a personas con historial de morosidad o evasión de obligaciones patronales.
En la discusión de las reformas a la CSS el dilema radica, según analistas, en el aumento de tres años en la edad de jubilación, pasando de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres, pues diversos sectores de la sociedad rechazan este incremento.
Por su parte, las organizaciones sociales demandan se retome el sistema solidario para el pago de pensiones y rechazan el de las cuentas individuales que impulsan los empresarios privados que traerían como consecuencia, aseguran, jubilaciones de miseria.
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