Guarderas fue acusado de incumplimiento de funciones, específicamente por violación del deber de reserva y protección, abuso de poder, uso indebido de recursos públicos, presunto tráfico de influencias, violación de la independencia judicial, y supuesta falsificación de firma.
La asambleísta Ana Herrera, del movimiento Revolución Ciudadana, acusó al consejero de utilizar «ilegítimamente» documentos del Cpccs para sacar adelante sus denuncias de corrupción.
Guarderas negó haber usado su cargo para ejercer tráfico de influencias o algún tipo de presión a la justicia y beneficiarse.
Consideró que detrás del juicio político en su contra está la intención del correísmo de apoderarse del Cpccs.
Ese organismo, surgido del proceso constituyente de 2008, tiene la función de velar por la transparencia y nombrar autoridades de contraloría, Fiscalía, superintendentes y miembros del Consejo Nacional Electoral, entre otras.
Analistas consideran que para los políticos esa institución es la “cereza del pastel” por su facultad para designar a otros funcionarios.
Con la censura y destitución de Guarderas, el jurista Eduardo Franco Loor será su reemplazo.
En su cuenta de X, Loor afirmó que contribuirá con sus modestos aportes en lograr que el Cpccs obtenga mayor legitimidad democrática y cumpla sus nobles propósitos para los que fue creado, en defensa de los derechos y la transparencia.
«Actuaré (…) en acatamiento de las normas constitucionales y leyes de la República que rigen a nuestro glorioso país, que hoy más que nunca requiere que sus funcionarios trabajen en unidad democrática, paz social y honradez administrativa», escribió.
La llegada al Cpccs de Loor, que fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas, preocupa al oficialismo, cuya bancada manifestó que el juicio político contra Guarderas busca influir en la selección del fiscal general y titular del Consejo de la Judicatura.
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