El proyecto, firmado por la estatal Alcoholes del Uruguay (ALUR), subsidiaria de la empresa pública de combustibles Ancap, supone la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Paysandú, al noroeste de aquí.
La rúbrica se precipitó luego de una semana de controversias, tras la renuncia del presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, quien discrepó con el Ejecutivo respecto de la participación que debería tener la empresa estatal en el proyecto.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou decidió que Ancap quedara fuera de la participación inversionista, previamente establecido en un porcentaje máximo del 30 por ciento de la ejecución.
Tal postura tuvo el rechazo también de referentes del gobierno entrante del Frente Amplio, que asumirá el primero de marzo a la par de la asunción del presidente electo, Yamandú Orsi.
El futuro prosecretario del Ejecutivo, Jorge Díaz, el designado secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y la próxima titular de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, consideraron la decisión lesiva para los intereses del Estado uruguayo.
La actual directiva de Ancap emitió un comunicado en el que valoró como estratégico el acuerdo, para «proveer CO2 biogénico como insumo clave para un proyecto innovador de producción de combustibles sintéticos en la Planta de HIF Uruguay”.
Se estima que el plan final, con varios años, requerirá 900 mil toneladas de CO2, de las cuales ALUR proveerá 150 mil. La inversión estimada es de seis mil millones de dólares y permitiría producir 700 mil toneladas anuales de combustibles renovables.
Ancap detalló que el proyecto de HIF “se encuentra a la espera de la resolución final del cambio de uso de suelo del terreno donde se emplazará y su posterior Viabilidad Ambiental de Localización”.
Asimismo, “se avanza en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y en la ingeniería de detalle de la planta, e infraestructura de servicios y accesos”, agregó, lo cual indica un camino por recorrer.
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