La asambleísta Gissela Garzón, titular de la Comisión, señaló en sus redes sociales que el documento fue redactado con rigor técnico para que luego el resto de los legisladores realicen sus aportes.
Entre las conclusiones del documento está «que la reforma tiene directa relación con el principio de soberanía como elemento constitutivo del Estado».
Asimismo, precisa que todo acuerdo internacional de cooperación que celebre el Estado ecuatoriano en materia militar y/o de seguridad, deberá observar de manera ineludible e indiscutible los principios establecidos en la Constitución, en cuanto a la igualdad ante la ley.
La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, prohíbe la instalación de bases militares, aunque el actual presidente, Daniel Noboa, busca modificar el artículo 5 con el argumento de que son necesarias para enfrentar el crimen organizado.
Para avanzar necesita ser aprobada en dos debates en la Asamblea, luego tendría otro filtro de revisión por la Corte Constitucional y posteriormente pasaría a un referendo para el pronunciamiento de la población.
Debido a los tiempos que se manejan, es poco probable que esto coincida con las próximas elecciones generales del 9 de febrero de 2025, incluso si hubiera segunda vuelta en abril.
Analistas coinciden en que eso implica riesgos para la soberanía nacional y subrayan que para disminuir la criminalidad se requiere fortalecer las políticas sociales y no depender de una estrategia militar externa que, históricamente, ha demostrado ser ineficaz y lesiva para la autonomía del país.
La experta constitucionalista Carla Álvarez, que compareció en la Comisión, se refirió a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región latinoamericana y, en cuanto a acuerdos ya firmados entre Quito y Washington, como el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés), criticó el desequilibrio de las condiciones de negociación.
Como complemento, Pablo de la Vega, abogado y defensor de derechos humanos, advirtió que la cooperación militar, instalación y administración de bases militares estadounidenses en el extranjero representa una estrategia de ese país para consolidar su poderío frente a adversarios actuales o potenciales.
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