Según la jueza constitucional Tanya Loor, el hecho se califica de desaparición forzada, una resolución que se dio pese al rechazo de los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, que señalaron que “los niños fueron liberados por el personal militar”.
En víspera de la audiencia, el presidente, Daniel Noboa, pidió no manejar el caso como desaparición forzada y sugirió declarar a los niños como héroes nacionales.
El director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Billy Navarrete, cuestionó la conducta institucional, en particular del Ministerio de Defensa, que busca encubrir o minimizar el daño perpetrado, incluso atacan a las familias denunciantes.
En su opinión hay suficiente evidencia de la responsabilidad de los militares con relación a la desaparición forzada de los cuatro niños de Guayaquil.
La audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares presuntamente involucrados en el caso declarado como desaparición forzada se celebrará lugar el 31 de diciembre venidero.
Los niños desaparecidos, que residían en el sector Las Malvinas, de la ciudad de Guayaquil, son Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), cuyos padres comparecieron ante la Asamblea Nacional y expresaron su tristeza e indignación.
Varios cuerpos fueron hallados el pasado martes en las cercanías de la Base Aérea de Taura, a 39 kilómetros de Guayaquil, pero aún se desconocen sus identidades y se esperan resultados de pruebas de ADN, que pueden tardar entre 30 y 40 días.
Ese hecho acarreó manifestaciones en varias ciudades, mientras organismos internacionales expresaron preocupación y llamaron al Gobierno a investigar.
El ministro de Gobierno, José De La Gasca aseguró hoy que la postura del Ejecutivo es de «total transparencia, cero impunidad y solidaridad. Nosotros no estamos prestos a encubrir nada».
En esta semana la jueza Nubia Vera anuló la sanción contra la vicepresidenta, Verónica Abad, quien recuperó su cargo.
El presidente Noboa decidió, mediante el directo ejecutivo 490, enviarla a la embajada ecuatoriana en Türkiye como encargada de las relaciones comerciales, sin embargo, Abad se acogió a vacaciones y no viajó a Ankara en la fecha indicada.
Todo esto ocurre mientras se acerca la campaña electoral y Noboa, de acuerdo con la ley, debería pedir licencia para participar en las actividades proselitistas con vistas a la reelección y para eso tendría que encargar la presidencia a la segunda jefa del Ejecutivo.
Sin embargo, el ministro de Gobierno José de la Gasca apuntó que el mandatario podría no acogerse a esa normativa, pues él no aspira a una reelección, ya que fue electo para concluir el periodo correspondiente a Guillermo Lasso, que activó la muerte cruzada en 2023.
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