La académica de la Universidad Diego Portales señaló como un logro la creación de un Comité de Participación y Seguimiento para el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
El anuncio del presidente Gabriel Boric de reforzar una política pública del Estado, encaminada a determinar el destino de las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en la dictadura es un punto fuerte, una esperanza, agregó Casas.
La jurista también hizo referencia al anuncio de una comisión de la verdad para investigar las violaciones a las garantías fundamentales de quienes por ley están bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Si bien este organismo tiene como propósito proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes y reinsertar en la sociedad a quienes hayan infringido la ley, en los hechos ha sido fuente de abusos de todo tipo.
La comisión indagará todas las formas de violencia perpetradas en el Sename y otras organizaciones que funcionan con fondos estatales, e incluso, los cometidos en entidades eclesiásticas.
Casas también se refirió a algunos retrocesos, entre ellos el llamado “Caso Pio Nono”, el cual finalizó con la absolución de un carabinero acusado de haber lanzado a un joven desde un puente hacia las aguas del río Mapocho, causándole graves heridas.
El dictamen incluyó la penalización para la fiscalía y los querellantes, es decir, la familia de la víctima, quienes tendrán que pagar todos los costos del proceso, una suma muy elevada de dinero.
Se trata, dijo la abogada en una entrevista con Radio y Diario Universidad, de un mensaje equivocado porque coarta la búsqueda de justicia ante un hecho grave.
A cinco años del estallido social iniciado en octubre de 2019, Lidia Casas criticó el estancamiento en el ejercicio de los derechos sociales y económicos de la población, entre ellos la incumplida promesa de realizar una profunda reforma previsional.
Se ha avanzado poco o nada, afirmó, y citó la Ley Corta para las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) que concedió todas las facilidades a las empresas privadas, pero no mejoró el acceso a servicios de calidad a la población.
Las Isapres son un sistema perverso, advirtió, que excluye a enfermos crónicos y personas de edad avanzada con el propósito de rebajar sus costos y obtener grandes ganancias.
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