El pasado 8 de diciembre, uniformados se llevaron en una camioneta a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), según consta en videos de cámaras de seguridad.
La jueza constitucional Tanya Loor declaró que el hecho se configura como desaparición forzada, una resolución que se dio pese al rechazo de los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, que señalaron que “los niños fueron liberados por parte del personal militar”.
Un testigo clave en el caso rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado y dijo que vio a los menores aquel 8 de diciembre, en el sector de Taura, al sur de Guayaquil, según reportes del canal Teleamazonas.
El ciudadano escuchó ruidos afuera de su domicilio y al salir vio a los cuatro niños golpeados y desnudos que le pidieron ayuda, le solicitaron agua y una llamada.
Fue entonces que uno de ellos habló con su padre y le envió la ubicación, mientras el testigo les dio agua, ropa, pan y les recomendó que se escondieran a la espera de la familia.
El hombre dijo que la Policía Nacional llegó, “pero esa gente ya estaba ahí” con motos y añadió que desde esos acontecimientos recibió amenazas por WhatsApp de personas que afirman trabajar para la banda criminal Los Choneros.
Este domingo se cumplen 21 días de la desaparición de los cuatro niños y sus familias exigen esclarecer el caso y transparencia de las autoridades.
Varios cuerpos fueron hallados el pasado martes en las cercanías de la Base Aérea de Taura, a 39 kilómetros de Guayaquil, pero aún no han podido ser identificados y se esperan resultados de pruebas de ADN, que pueden tardar entre 30 y 40 días.
No obstante, el diario Extra indicó que dos de los cadáveres pertenecerían a los niños desaparecidos, aunque aún no hay información oficial al respecto.
El representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, conversó con el defensor del Pueblo de Ecuador, César Córdova, y expresó su preocupación por la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas a las solicitudes de información.
La audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares presuntamente involucrados en el caso tendrá lugar el 31 de diciembre, y no será transmitida públicamente.
Colectivos sociales convocaron para este lunes a manifestaciones para reclamar respuestas del Estado.
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