El capitalino Palacio Nacional de la Cultura fue entonces el centro del acontecimiento, al acoger a 10 Jefes de Estado y de Gobierno, con otros dos mil invitados y delegados de diversos sectores.
Justo en la sede del Ejecutivo, suscribieron los cuatro comandantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Rolando Morán, Pablo Monsanto, Carlos González y Jorge Rosal, así como el entonces presidente Álvaro Arzú (1996-2000) como testigo de honor.
También firmaron el documento los cuatro integrantes de la Comisión de la Paz y el otrora Secretario General de las Naciones Unidas Boutros Boutros Ghali.
Miles de personas esperaron frente, en la Plaza de la Constitución, la proclamación definitiva del cese de las hostilidades con el sueño de una vida mejor.
“Es el principio de una nueva era en Guatemala, una en la que todos tenemos algo que decir y que hacer”, expresó ante la multitud Arzú.
Una que debe encontrarnos con la mente clara, con el corazón limpio y las espaldas anchas para trabajar todos unidos por una patria libre, que encamine sus pasos al progreso y desarrollo, remarcó.
En el acto del pasado año, sin la presencia del entonces jefe de Estado Alejandro Giammattei (2020-2024), el director ejecutivo de la Comisión por la Paz y los Derechos Humanos, Ramiro Contreras, destacó que el tema era una prioridad.
Poco después, en febrero de 2024, la nueva administración del país ratificó su compromiso con la dignificación de las víctimas del conflicto armado interno.
“La historia debe ser conocida para evitar que lo que tanto nos dolió siga afectando a la población”, declaró la vicepresidenta Karin Herrera.
Analistas políticos locales consideran evidente que los derechos económicos, sociales y culturales suscritos todavía están lejos de alcanzarse para una mayoría.
La guerra civil desatada en este territorio centroamericano de 1960 a 1996 dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, según datos oficiales.
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