El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) analizó el pedido del asambleísta Héctor Valladarez, de la Revolución Ciudadana, quien afirmó que el ministro incumplió varios artículos de la Constitución y otras normativas en el contexto de la desaparición forzada de los niños.
El CAL solicitó a la Unidad de Técnica Legislativa informes técnico-jurídico no vinculantes para luego decidir si avanza con el proceso contra el funcionario.
El pasado 8 de diciembre, uniformados se llevaron en una camioneta a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), según consta en videos de cámaras de seguridad.
En medio de la presión de las organizaciones defensoras de derechos humanos, autoridades del Gobierno hicieron una alocución al país, donde el ministro Loffredo negó la participación de los militares y la atribuyó a grupos delincuenciales organizados.
En ese momento, el titular de Defensa dijo que calificar el caso como “desaparición forzada” era hacerle el “juego a la mafia”.
Dos días después, admitió que los chicos fueron capturados por una patrulla de 16 integrantes debido a su participación en un robo, del cual no existe evidencia.
El ministro incluso responsabilizó a los padres de los niños, declaraciones que fueron rechazadas por activistas y defensores de derechos humanos.
No obstante, en una entrevista, el funcionario afirmó que “nada de lo que hayan hecho los niños justifican que el día de hoy estén desaparecidos” y aseguró que “no se va a encubrir a nadie y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores”.
La semana pasada, la jueza constitucional de Guayaquil, Tanya Loor, declaró el caso como “desaparición forzada”, un calificativo que rechazaron las autoridades.
La audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares, presuntamente involucrados en el caso declarado como desaparición forzada, tendrá lugar el 31 de diciembre venidero.
El pasado martes fueron hallados varios cuerpos calcinados cerca de la Base Aérea de Taura, aunque aún no se confirma si pertenecen a los menores desaparecidos.
El hecho tiene lugar en el contexto del conflicto armado interno, decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de este año para combatir a grupos delincuenciales y que dio paso a la militarización, criticada por organizaciones civiles debido a vulneraciones de derechos humanos.
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