Mediante un comunicado divulgado en las redes sociales, la agrupación subrayó los históricos acuerdos adoptados 28 años atrás, pero lamentó que muchos no se han cumplido o han quedado en el olvido por falta de voluntad política.
Siguen pendientes las reformas para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas, el desarrollo rural, los derechos humanos y la reparación para las víctimas y las comunidades afectadas por la guerra, señaló.
El presidente Bernardo Arévalo manifestó la voluntad política para retomar los Acuerdos de Paz, pero no ha hecho nada concreto para demostrarlo, remarcó el texto.
Después de casi un año de Gobierno, no se ha creado el Plan Nacional de Dignificación y Reparación para las víctimas del conflicto armado, el de Búsqueda de Personas Desaparecidas ni el Plan para la Recuperación y Preservación de los Archivos Históricos, recordó.
Además, añadió, la actual administración continúa sin cumplir las medidas de reparación ordenadas en los casos del conflicto armado.
Por otro lado, manifestó preocupación por la cooptación de la justicia, mientras consideró que el nombramiento de Noé Rivera al frente de la Fiscalía de Derechos Humanos pone en riesgo el seguimiento de los casos del conflicto armado.
Advirtió que las resoluciones arbitrarias de las Salas de Mayor Riesgo en los casos Creompaz y Genocidio Ixil demuestran que se busca impunidad para los militares responsables y las atrocidades del pasado.
Las organizaciones de la Plataforma Nacional de Víctimas expresaron asimismo solidaridad con Miguel Itzep, quien está siendo difamado y perseguido injustamente por el Ministerio Público como represalia por su trabajo en favor de las víctimas del conflicto armado, describió.
Las instituciones de justicia no se deben utilizar como arma de persecución política ni represalia contra personas que denuncian la corrupción y defienden los derechos humanos, plantearon.
Exigieron que Arévalo tome acciones concretas para cumplir los Acuerdos de Paz, particularmente que apruebe el acuerdo gubernativo para la creación del Plan Nacional de Dignificación y Reparación para las víctimas del conflicto armado y el Plan de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Demandaron, entre otras, la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, y que cese la criminalización y persecución política contra líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
La guerra civil desatada en este territorio centroamericano durante 36 años dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.
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