En un pronunciamiento divulgado este lunes, los colectivos señalan que a partir de la declaratoria de conflicto armado interno, en enero de 2024, las Fuerzas Armadas han sido denunciadas por casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos.
Apuntan que movilizar a los uniformados es una medida mediática que refuerza un enfoque securitista y punitivista y que pone en riesgo los derechos humanos fundamentales de la población.
Asimismo, en el texto recuerdan cómo la Corte Constitucional cuestionó en varias ocasiones la declaratoria de conflicto armado interno, pues el Gobierno no presentó argumentos válidos para justificar tal decisión.
Además del caso de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil hace 22 días luego de que militares se los llevaran en una camioneta, las organizaciones sociales citan otros ejemplos de los presuntos excesos de las Fuerzas Armadas.
Uno de ellos el de Carlos Javier Vega, de 19 años, quien habría sido asesinado extrajudicialmente por militares, en marzo de 2024, en la ciudad de Guayaquil.
En ese contexto, afirman que la más reciente desaparición forzada de cuatro chicos es parte de hechos sistemáticos que ocurren sobre todo en población joven, empobrecida y racializada.
Este hecho ha demostrado que la movilización de las Fuerzas Armadas no se enmarca en las normas legales y constitucionales de protección de los derechos humanos de las personas y que no cuentan con los protocolos y procedimientos para esas actuaciones, afirman los colectivos.
Por esa razón, exigen investigar los casos de violaciones a derechos humanos ocurridos en el 2024 y demandan a la Fiscalía y a los organismos de la administración de justicia cumplir de manera rigurosa y ágil con los procedimientos para establecer las responsabilidades correspondientes.
El pasado 8 de diciembre, uniformados se llevaron en una camioneta a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), según consta en videos de cámaras de seguridad.
Este lunes se realizará un plantón en las afueras de la Fiscalía, en Quito, para reclamar respuestas del Estado.
La audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares presuntamente involucrados en el caso tendrá lugar mañana, 31 de diciembre, y no será transmitida públicamente.
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