Tras la divulgación de noticias sobre una supuesta identificación de dos de los cadáveres, la Fiscalía General del Estado desmintió el hecho e hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por los medios oficiales.
Fernando Bastias, abogado y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que ha acompañado a las familias de los adolescentes, señaló que el estado de los cuerpos encontrados en Taura imposibilitó el reconocimiento.
“Quizás se identificó que uno de los cuerpos llevaba brackets, pero eso no significa que haya ya una confirmación de identidad. Por eso se hicieron pruebas de ADN, que son utilizadas cuando las demás pericias son insuficientes”, declaró Bastias al diario El Universo.
El pasado 8 de diciembre, uniformados se llevaron en una camioneta a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), según consta en videos de cámaras de seguridad.
La jueza constitucional Tanya Loor declaró que el hecho se configura como desaparición forzada, una resolución que se dio pese al rechazo de los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, que señalaron que “los niños fueron liberados por parte del personal militar”.
Colectivos sociales convocaron para este lunes a manifestaciones para reclamar respuestas del Estado.
El representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, conversó con el Defensor del Pueblo de Ecuador, César Córdova, y expresó su preocupación por la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas a las solicitudes de información.
La audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares presuntamente involucrados en el caso tendrá lugar el 31 de diciembre venidero y no será transmitida públicamente.
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