Un informe divulgado por la organización ecologista Legambiente, resalta que el año que concluye estuvo marcado además por 134 casos de inundaciones como consecuencia de lluvias intensas; 62 de graves daños causados por fuertes vientos y 19 de deslizamientos de tierra, entre otros fenómenos.
El norte de Italia fue la zona más afectada, con 198 eventos de gran magnitud, mientras en el sur ocurrieron 92 y en el centro del país tuvieron lugar otros 61, señala el documento publicado en el sitio oficial del grupo ambientalista,
La región del país que sufrió con mayor severidad los efectos de la crisis climática fue Emilia-Romaña, con 52 graves fenómenos, seguida por Lombardía, que enfrentó 49, así como por Sicilia, Véneto y Piamonte, donde ocurrieron 43, 41 y 22, respectivamente.
Entre las provincias, Bolonia ocupa el primer lugar, con 17; seguida por Rávena y Roma, con 13 cada una; Turín, con 12 y Palermo, con 11, mientras esta capital fue la ciudad más afectada, con ocho eventos meteorológicos extremos, seguida de Génova, con siete y Milán, con seis.
Se trata del tercer año consecutivo con más de 300 fenómenos extremos en esta nación europea, para un incremento del 485 por ciento respecto a los apreciados en 2015, resalta ese estudio, realizado por el Observatorio Climático de las Ciudades, en colaboración con expertos del Grupo bancario y de seguros Unipol.
Stefano Ciafani, presidente nacional de Legambiente lamentó, al dar a conocer los datos de este estudio, que en los últimos años “no se implementó ninguna estrategia de prevención con intervenciones específicas, las cuales permitirían ahorrar el 75 por ciento de los recursos gastados para reparar los daños post-emergencia”.
El actual gobierno italiano, según Ciafani, “no ha asignado la financiación necesaria para las acciones prioritarias del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), fondos que ni siquiera están previstos en la ley de presupuesto recientemente aprobada”.
El experto citó, entre las prioridades para 2025, la necesidad de asignar más recursos económicos para implementar el Pnacc, así como la aprobación de una ley para regular el consumo de tierra, y de un decreto presidencial que establezca normas sobre la reutilización de aguas residuales depuradas en la agricultura.
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