El Gobierno en esta primera etapa distribuirá dispositivos en la ciudad de Asunción, pero tiene previsto extender la iniciativa hacia el departamento Central y otras cabeceras departamentales.
La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez, las personas que las porten serán vigiladas por un centro de monitoreo y deberán abonar el costo de las mismas.
Además, la Policía se encargará de realizar un estudio de factibilidad con el propósito de verificar las señales de GPS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.
En los casos de medidas de exclusión y no acercamiento, así como de violencia intrafamiliar, aparte de imponer la tobillera a la persona sancionada, la víctima tendrá un equipo telefónico que notificará al Sistema 911 si hay infracción.
Así, se despacharán agentes en dirección a la víctima y al acusado para evitar hechos de violencia o feminicidios, explicaron las autoridades paraguayas.
mem/ymr
