La decisión incluyó, además, a altos funcionarios del Ejecutivo nicaragüense, “en una clara operación de lawfare, diseñada para agredir a un gobierno legítimo y soberano”, indicó la Cancillería bolivariana en un comunicado.
El texto señaló que esta ridícula acción, basada en falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y de sectores opositores antisandinistas, demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención.
Subrayó que tal agresión responde a una estrategia sistemática que busca socavar la soberanía de los Estados independientes y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales en nombre de supuestos principios de derechos humanos.
La República Bolivariana objetó en forma categórica “el uso del principio de jurisdicción universal con fines políticos, una maniobra que viola los principios fundamentales de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados consagrados en el derecho internacional”.
Reiteró asimismo la solidaridad inquebrantable con el pueblo y Gobierno de Nicaragua, liderados por Ortega y Murillo, en su lucha por la defensa de la soberanía, la justicia social y la autodeterminación.
“Alzamos nuestra voz junto a las naciones libres del mundo para rechazar cualquier intento de intervención disfrazada de legalidad”, expresó la nota oficial.
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