Este martes, último día del año, la Fiscalía General confirmó que los cuerpos hallados la semana pasada corresponden a Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), que el 8 de diciembre fueron aprehendidos por una grupo de uniformados.
Tras la confirmación, la Asamblea Nacional (parlamento) declaró tres días de luto institucional por la desaparición forzada y asesinato de los cuatro menores de edad.
Exhortamos a las autoridades del Gobierno Nacional y a la justicia a ejercer todo el peso de la ley en este caso, pidió el legislativo.
El Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos se solidarizó con los familiares de los adolescentes y llamó a todas las instituciones públicas, privadas y a la sociedad en general a evitar cualquier forma de revictimización y estigmatización.
«Es crucial que su dolor no sea agravado mediante acciones que vulneren su dignidad o privacidad», declaró la institución.
La prefecta de Guayas, provincia donde ocurrió la tragedia, Marcela Aguiñaga, expresó dolor por cerrar el año con esta tragedia que enluta al país.
“Es inaceptable que la vida de nuestros niños termine de esta manera. Que el miedo no nos silencie, y que la solidaridad se transforme en la voz que exija justicia para que nunca más se repita algo así”.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señala que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
Candidatos presidenciales, organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como instituciones reaccionaron con dolor e indignación a la muerte de los cuatro niños de Guayaquil.
Los 16 militares involucrados recibieron hoy orden de prisión preventiva, aunque el Gobierno y la cúpula militar afirmaron que los niños fueron aprehendidos durante un «presunto robo», aunque no existen evidencias de ello, y luego fueron liberados.
Este caso ha conmocionado al país y puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
rc/avr
