La diligencia estaba fijada para el 2 de enero, pero Boluarte solicitó que se postergue y la Fiscalía hizo pública su aceptación, señalando que es indagada “como presunta autora del delito de omisión de funciones y, alternativamente, por el delito de abandono de cargo, en agravio del Estado”.
Dos días después de ser interrogada sobre ese tema, Boluarte tendrá que declarar ante la Fiscalía por supuesta protección al clandestino dirigente político Vladimir Cerrón, condenado en ausencia a prisión por delitos de los que se declara inocente, a tiempo de declararse víctima del uso de la justicia con fines políticos.
El primer tema fue confirmado por Alberto Otárola, quien fuera su primer ministro y dijo que en julio de 2023, la mandataria se sometió a una rinoplastia que la prensa detectó no solo por su cambio de apariencia, sino también porque la agenda oficial no consignó actividad alguna de Boluarte durante varios días de ese mes. Tras omitir respuestas sobre el tema durante varios meses, la declaración de Otárola hizo que la presidenta admitiera la operación que mantenía en secreto por reserva de su intimidad.
Al mismo tiempo, emplazó a la Fiscalía de la Nación a citarla a declarar para mostrar su historial médico y otros elementos que avalan, acotó, su versión de que la operación fue sencilla y no le impidió ejercer sus funciones en ningún momento.
Los casos citados se suman a los pendientes por muertes en la represión policial y militar a las protestas contra su ascenso al cargo, de diciembre de 2022 a marzo de 2023, y a la posesión presuntamente ilegal de costosas joyas, que asegura se las prestó un amigo y aliado político.
Ante las investigaciones, el Gobierno apeló al Tribunal Constitucional (TC) contra el Ministerio Público para que la corte fije los límites de las indagaciones a los jefes de Estado, mientras la presidenta del TC, Luz Pacheco, consideró necesario precisar “sobre qué base se puede investigar” a los mandatarios.
Durante el breve Gobierno del hoy encarcelado y juzgado Pedro Castillo, el Ministerio Público rompió la tradición de que los jefes de Estado no podían ser investigados por delitos extremadamente graves, fijados por la Constitución.
Las indagaciones a Boluarte tienen como contexto su impopularidad masiva, a quien las encuestas acreditan solo el tres por ciento de aprobación, lo cual deslegitima a su administración, según analistas políticos de diversas posiciones.
Tal situación da pie a que los pronósticos para 2025 no descarten la posibilidad de que Boluarte deje el cargo antes de culminar su mandato en julio de 2026, aunque ella asegura que gobernará hasta entonces.
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