El triunfo arrollador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en los comicios del pasado 2 de junio no solo marcó un hito con la elección de Claudia Sheinbaum, primera mujer en ocupar la Presidencia, sino que aseguró la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
A partir del 1 de septiembre, con la instalación de la nueva legislatura, los parlamentarios iniciaron los debates de proyectos como el referido al poder judicial, catalogado como clave para poner fin a la corrupción en ese sistema.
Promulgada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre último, la reforma contempla entre sus puntos fundamentales la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, la primera de las cuales tendrá lugar en junio del año venidero.
Otros aspectos relevantes resultan la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, y que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no pueda ser mayor a la del Presidente de la República.
Al mencionar los motivos para impulsar dichas modificaciones, López Obrador señaló en reiteradas ocasiones que el poder judicial se encuentra secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
En tal contexto, se busca poner fin al tráfico de influencias que permea a ese ámbito y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Ante polémicas generadas por la reforma, Sheinbaum aseguró en octubre que esta resulta necesaria para erradicar la corrupción y el nepotismo –reconocido incluso por la presidenta de la Suprema Corte- que se vive dentro de las instituciones de impartición de justicia.
Ninguna empresa extranjera ni mexicana tiene por qué temer a la reforma, “al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el poder judicial, y no digo nosotros como poder ejecutivo, sino el pueblo de México: se va a sanear el poder judicial para fortalecer el Estado de derecho”, aseveró.
El año que culmina también vio incluirse en la carta magna la igualdad sustantiva de las mujeres y las garantías para una vida sin violencia, así como el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Sobresalió, además, la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos como empresas públicas del Estado y la integración como derechos en la carta magna de los programas sociales emprendidos desde la administración de López Obrador.
Durante este período fueron aprobadas igualmente una reforma para garantizar a los trabajadores el acceso a la vivienda, así como otra por la cual desaparecen siete órganos autónomos en pos de evitar duplicidad de funciones y garantizar el uso eficiente de recursos presupuestales.
Esta última elimina a entes como la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas tareas pasarán a ser asumidas por otras instancias.
La extinción particularmente del INAI generó críticas de sectores opositores, pese a las evidencias sobre hechos de corrupción en dicho organismo.
Según observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, desde 2018 trabajadores denunciaban que altos mandos del ente les exigían a la quincena entre 10 y 60 por ciento de sus sueldos y demás prestaciones para poder continuar laborando y, en caso de no acceder, eran despedidos.
Además de nepotismo, el análisis también detectó a personal que no trabajaba directamente en las oficinas del INAI y cuyas tareas las realizaron otros servidores públicos.
Documentó, asimismo que los siete comisionados habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país.
“Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción”, afirmó Sheinbaum al subrayar en noviembre que las funciones del ente se incorporarán a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se resguardarán.
En días recientes, la mandataria destacó los avances en el ámbito social y económico con los cuales el país culmina 2024 y resaltó que las reformas aprobadas desde septiembre regresan el sentido social de la Constitución.
Auguró, asimismo, un buen año nuevo para la nación latinoamericana.
“Feliz año a todos, a todas. Todo lo mejor para este 2025, a ustedes, a sus familias. Y nos va a ir muy bien en el 2025 porque tenemos principios, causas y porque vamos a seguir en el camino de la cuarta transformación”, expresó.
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