Aseguró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, que la primera de esas normativas se concibió en el contexto de la política de industrialización con sustitución de importaciones del Gobierno del presidente Luis Arce.
“Se otorga un gravamen arancelario del cero por ciento a la importación de bienes de capital para el sector agropecuario, el industrial, el de construcción y minería (…)”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental).
Explicó que el Órgano Ejecutivo optó por estimular la importación de bienes de capital para que el sector productivo mejore su productividad.
Añadió el ministro que el segundo DS tiene que ver con un proyecto de impuesto sobre el valor agregado (IVA) cero para la importación de hidrocarburos, fundamentalmente gasolina, diésel y petróleo crudo.
“Esto para alivianar los costos a los que importen estos insumos para el sector productivo, que son la gasolina, el diésel y obviamente también para YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)”, expresó.
Indicó jefe de cartera que, dentro del mismo DS, existe un incentivo para la reinversión de utilidades.
Describió que las empresas que tengan sus capitales en el exterior y tienen que repatriar sus utilidades con el impuesto de 12,25 puntos porcentuales, si reinvierten el 75 por ciento serán excencionadas con 75 puntos porcentuales.
Agregó que quienes reinviertan el 50 por ciento serán excencionadas con 50 unidades de 100, y quienes solamente reinviertan un 25 por ciento serán excencionadas con 10 unidades sobre 100.
Montenegro sostuvo que un tercer decreto tiene que ver con el gravamen arancelario cero para la importación de bienes de capital estrictamente destinados a la implementación de plantas de biodiésel, en el contexto de los acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y los empresarios privados, dado que estas construcciones que se tienen que solicitar con mucha anticipación y, «obviamente, muchas de ellas lo han hecho entre septiembre y octubre”.
De acuerdo con Montenegro, el cuarto DS es la Reglamentación del Presupuesto General del Estado 2025, en el cual las empresas públicas podrán utilizar activos virtuales, para hacer pagos de distintas obligaciones contractuales.
La quinta normativa está referida a las utilidades netas de los bancos múltiples y pymes, pues el seis por ciento irá a la función social, debido a que en 2024 este sector logró obtener 336 millones de dólares de utilidad neta, más que 2019. lam/jpm
