La Policía Federal (PF) señaló en noviembre a Bolsonaro como probable responsable de orquestar y dirigir los actos ejecutorios del fallido plan violento, que incluía intentos de asesinato del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Según la fuerza del orden público, Braga Netto, exministro de la Casa Civil y Defensa del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022), habría jugado un papel clave en estos actos, motivo por el cual su detención se cumplió bajo la figura de prisión preventiva.
Para la PF, el oficial de alto rango intentó además manipular detalles proporcionados por el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro y colaborador en la indagación.
Bajo este escenario, también cuatro militares y un agente policial fueron detenidos por su supuesta participación en los preparativos del conato golpista que buscaba instalar una oficina de crisis desde el mando del Gobierno.
Tales acciones formaban parte de un entramado mayor en el que se indaga el papel de Bolsonaro y su círculo cercano en los ensayos de subvertir el orden democrático.
La normativa brasileña establece que el político ultraderechista solo podría ser arrestado si el caso avanza y se presenta una denuncia formal que supere todas las instancias judiciales.
En junio de 2023, el Tribunal Superior Electoral inhabilitó a Bolsonaro para ejercer cargos públicos durante ocho años, tras determinar que procuró socavar la validez del sufragio de 2022 y abusó de su poder al utilizar canales gubernamentales para promover su campaña.
Por ahora, un grupo de nueve fiscales examina la investigación de la PF.
Hay tres caminos que la Fiscalía General puede seguir con el informe policial en manos: presentar una denuncia, pedir más indagaciones o archivar el expediente.
Además de la presunta participación en un intento de golpe de Estado, Bolsonaro fue inculpado, asimismo, en otros dos casos: por fraude en la tarjeta de vacunación antiCovid-19 y en el de las joyas sauditas regaladas al Gobierno, posteriormente negociadas en Estados Unidos.
Pese a estas circunstancias, el excapitán del Ejército manifestó su intención de regresar al Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, en las venideras elecciones, confiando en el apoyo de figuras como el electo presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.
2025 será crucial para definir el futuro de Bolsonaro, con disímiles procesos judiciales en curso que podrían consolidar su exclusión de la política y potencialmente conducir a sanciones penales graves.
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