El funcionario ofreció este jueves su pésame y afirmó que el Gobierno respetará los fallos judiciales.
«Las investigaciones están en curso, en este momento existe una formulación de cargos por el delito de desaparición forzada, no por ejecución extrajudicial, tampoco se puede hablar de crimen de Estado, ni de delito de lesa humanidad», manifestó de la Gasca.
El domingo 8 de diciembre de 2024, los cuatro niños salieron a jugar fútbol y luego un grupo de 16 militares los detuvo y se los llevaron
Luego, ese mismo día en la noche, fueron vistos por un testigo en la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, a 40 kilómetros de Guayaquil.
Los cadáveres fueron hallados el 24 de diciembre pasado y, la víspera, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades.
Por este caso de desaparición forzada y asesinato 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibieron una orden de prisión preventiva.
Este caso conmocionó al país y ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
A pesar de eso, de la Gasca destacó su respaldo a las “cabezas” de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en medio del conflicto armado decretado en enero del año pasado.
“Existe una campaña promovida por las agendas de las mafias, que busca desprestigiar a toda la institucionalidad. Se busca generar una cortina de humo para provocar aún más el conflicto armado y eso no lo vamos a permitir”, afirmó
Este miércoles, tuvo lugar el funeral y el multitudinario entierro de los cuatro chicos en Guayaquil, donde cientos de personas reclamaron justicia.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
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