Un cartel que circuló este jueves por las redes sociales con la imagen de González indicó que “toda persona que conozca de su paradero deberá presentarlo a la orden del Ministerio Público”.
La imagen con las palabras “se busca” y “orden de captura” dio a conocer los delitos por los cuales se solicita su aprehensión como conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos y legitimación de capitales.
Además, se le imputan los delitos de desconocimiento a las instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes, asociación para delinquir, entre otros.
El excandidato a la Presidencia por la Plataforma Unitaria Democrática perdió las elecciones ante el mandatario Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio último, en los que logró cinco millones 326 mil 102 votos para el 43,18, por ciento de las boletas.
Por el actual jefe de Estado sufragaron seis millones 408 mil 844 electores para el 51,95 por ciento de los votos, según el parte del Consejo Nacional Electoral.
Posterior a los sufragios, el 29 y 30 de julio, una ola de violencia promovida por la derecha extremista se extendió por casi todo el país con saldo de 28 muertos, 195 heridos y casi 500 infraestructuras privadas y públicas quedaron destrozadas, entre escuelas, centros de salud y policiales.
Las autoridades venezolanas responsabilizaron de estos hechos a la dirigente opositora María Corina Machado y a González, quien inmediatamente buscó refugio en la embajada de Países Bajos en Caracas y luego se escondió en la sede diplomática de España, donde pidió el asilo político.
Ante la impugnación de la derecha, que se declaró vencedora y denunció fraude con la muestra de unas supuestas actas, el presidente Nicolás Maduro presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un contencioso electoral para dirimir el caso.
El máximo órgano de justicia venezolano convocó a su sede a los 10 candidatos y a los partidos políticos que los representaron, y a ninguna de las audiencias González asistió por lo que fue declarado en desacato por el TSJ.
Finalmente, tras lograr un acuerdo con las autoridades nacionales, el excandidato presidencial salió del país el 7 de septiembre.
La vicepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez declaró entonces que una vez ocurridos los contactos pertinentes entre ambos gobiernos, cumplidos los extremos del caso y en apego a la legalidad internacional, Venezuela concedió “los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país“.
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