En 2022 el presidente Luis Lacalle Pou había prometido a la Organización Sionista del Uruguay la apertura de la oficina en esa ciudad ocupada por Israel pese a resoluciones de Naciones Unidas.
Antes de fin de año el actual gobierno inauguró la oficina por acuerdo entre la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay.
El acuerdo tuvo el repudio de más de 20 organizaciones sociales aquí, entre ellas la central sindical PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios y diputados del Frente Amplio, que consideraron que el próximo gobierno debe revertir tal medida.
La decisión del actual gobierno, sostienen, “sigue alejando a Uruguay de la legalidad internacional y lo posiciona estrechando vínculos de normalización con el régimen de apartheid israelí”, dice una declaración que suscriben 26 organizaciones.
Afrman que, “en el discurso sionista”, el concepto de innovación para el desarrollo de tecnologías avanzadas forma parte de “una estrategia para lavar la imagen de Israel e invisibilizar sus prácticas colonialistas, de apartheid y genocidio”.
Por ello exigen tanto al gobierno saliente como al entrante que “rectifiquen el rumbo” y “clausuren la oficina”, así como “cualquier otro proyecto de cooperación e intercambio con universidades, instituciones o empresas israelíes involucradas y al servicio del régimen de dominación colonial” de Israel.
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