Según la Fiscalía, citada por el portal digital Primicias, de enero a noviembre de 2024 se registraron nueve denuncias por desaparición forzada, delito castigado con hasta 26 años de prisión.
Sin embargo, esos datos no incluyen casos como los de los cuatro niños de Guayaquil, que tras ser detenidos el pasado 8 de diciembre por militares, fueron hallados muertos.
Tampoco el de Dave Loor y Juan Santillán, quienes fueron vistos por última vez en septiembre luego de ser interceptados por camionetas militares en Ventanas, provincia de Los Ríos.
Solo con estos seis casos, las denuncias por desaparición forzada en 2024 llegarían a 15, superando las 12 registradas en 2023.
Para activistas de derechos humanos, la cifra sigue siendo un subregistro de una problemática que consideran en aumento.
De 2014 a 2024, la Fiscalía reportó 146 denuncias por desaparición forzada, concentradas principalmente en las provincias de El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15), de ellas 67 están en indagación previa y 78 fueron archivadas. Mientras tanto, las desapariciones involuntarias, otro tipo de delito que no identifica un perpetrador, sumaron 22 mil en los últimos tres años, la mayoría sigue sin resolverse.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH), denunció que muchas desapariciones forzadas son registradas como involuntarias por la Fiscalía, lo cual invisibiliza la responsabilidad del Estado.
Estos datos salen a la luz en medio de las denuncias por el caso de los cuatro menores que conmocionó al país y ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
En ese contexto, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, consideró que “existe una campaña promovida por las agendas de las mafias, que busca desprestigiar a toda la institucionalidad. Se busca generar una cortina de humo para provocar aún más el conflicto armado y eso no lo vamos a permitir”.
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