Aprobada a mediados de noviembre pasado por el Congreso, prioriza los proyectos de frontera a frontera y puerto a puerto, así como la construcción de tramos periféricos o anillos, que permitan incrementar la movilidad sin tener que circular dentro de esta capital.
Para su cumplimiento, crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) como un órgano descentralizado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa.
Propicia el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (Fovip) con el fin de generar certeza en los procesos de pago y obtener recursos adecuados para el funcionamiento.
El Ministerio de Finanzas deberá asignar en 60 días, a partir de este viernes, la cantidad de 10 millones de quetzales (poco más de 1,3 millones de dólares) dentro del presupuesto ordinario de ingresos y egresos del 2024.
La propia cartera asignará para el siguiente ejercicio fiscal al Fovip 20 millones de quetzales (casi tres millones de dólares), siempre dentro del presupuesto y con saldos de caja de recursos del tesoro, entre otros recursos.
Ante la crisis de este territorio centroamericano en materia de infraestructura, según expertos locales en el tema, la Ley generará certeza jurídica para atraer empresas de renombre internacional.
Ello, agregaron, mejoraría las actividades de diagnóstico, preinversión, priorización, planificación, diseño, construcción, la reconstrucción, la ampliación, la rehabilitación, mantenimiento, entre otras, de la infraestructura vial prioritaria.
Se circunscribe a las Rutas Centroamericanas CA-1 Occidente; CA-1 Oriente; CA-2 Occidente; CA-2 Oriente; CA-8; CA-9 Norte; CA-9 Sur; CA-13 que va desde la CA-9 Norte hasta la Aduana Frontera Corinto (limítrofe con Honduras); y la Ruta CA-14.
Además, a carreteras perimetrales que suelen denominarse “Anillo Metropolitano” y “Regional” o Circunvalación 1 y Circunvalación 2.
Esta nación tiene una brecha vial que demanda pasar de 17 mil 440,23 kilómetros a 37 mil 951,89, para lo cual es necesario invertir en 21 mil 165,29 nuevos y la reclasificación de siete mil 691,67 de la red existente, según una fuente especializada. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala expuso que para cubrirla en un período de 20 años (cinco gobiernos consecutivos), implicaría aumentar la capacidad de construcción a mil 500 kilómetros por año, en contraste con el promedio entre 1995 y 2018 que ronda los 216.
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