“Unicef expresa su profundo pesar y solidaridad con las familias de los cuatro niños asesinados después de haber sido detenidos por militares el 8 de diciembre en Guayaquil”, señaló el organismo internacional en una nota divulgada en la plataforma X.
La entidad añadió que esa pérdida irreparable deja una herida que atraviesa a todo el país y que solo sanará en la medida en que exista justicia, reparación integral y la garantía de que esto no vuelva a suceder.
El domingo 8 de diciembre de 2024, los cuatro chicos salieron a jugar fútbol y luego un grupo de 16 militares los detuvo y se los llevaron en una camioneta.
Luego, ese mismo día en la noche, fueron vistos por un testigo en la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, a 40 kilómetros de Guayaquil.
Los cadáveres fueron encontrados el 24 de diciembre pasado y, el 31 de diciembre, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades.
Por este caso, que primero fue declarado como una desaparición forzada y activistas creen que ahora se podría catalogar como una ejecución extrajudicial, 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) recibieron una orden de prisión preventiva y ya están en la cárcel de Latacunga.
El hecho ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
A pesar de eso, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, destacó su respaldo a las “cabezas” de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en medio del conflicto armado decretado en enero del año pasado.
“Existe una campaña promovida por las agendas de las mafias, que busca desprestigiar a toda la institucionalidad. Se busca generar una cortina de humo para provocar aún más el conflicto armado y eso no lo vamos a permitir”, afirmó.
Este miércoles tuvo lugar el funeral y el multitudinario entierro de los cuatro chicos en Guayaquil, donde cientos de personas reclamaron justicia.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en el que responsabilizó al Gobierno de Daniel Noboa y a las Fuerzas Armadas por lo ocurrido.
Señaló que no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial, denunciada (…) desde el inicio de la declaratoria de conflicto armado y estados de excepción dispuestos por Noboa.
lam/avr