“La estabilidad económica de nuestro país, el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos, nuestro gobierno va a defender a rajatabla (…) no debe quedar la menor duda de que haremos todo lo que sea necesario, (…) para garantizar esa estabilidad que todos necesitamos y que la hemos logrado”, sostuvo el dignatario.
Arce intervino en un acto por el aniversario de la Federación Departamental cruceña de las Mujeres Bartolina Sisa en la capital de ese departamento, al que también asistieron la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y dirigentes nacionales y territoriales de diferentes organizaciones sociales.
Ratificó el dignatario que el Modelo Económico Social Comunitario (Mesc), del que es uno de sus principales artífices, no será cambiado.
“Reconstruir nuestro país y recuperar nuestros recursos naturales para beneficiar a las bolivianas y los bolivianos, esa, hermanas Bartolinas, es la base de nuestro modelo económico que no lo vamos a cambiar (…)”, insistió.
Agregó que será adaptado para mejorarlo en función y beneficio del pueblo boliviano, “con ustedes lo vamos a hacer”, enfatizó.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 proyecta un crecimiento del 3,51 por ciento, una tasa de inflación de 7,5 puntos porcentuales, un precio promedio del barril de petróleo de 75,3 dólares y el mantenimiento de la subvención a los hidrocarburos.
Sobre la base de esos cálculos y la aplicación de otras medidas orientadas a fortalecer al aparato productivo, las autoridades bolivianas aspiran a apuntalar la industrialización y cuidar la economía de los sectores populares.
La previsión incluye una fuerte inversión pública, redistribución de la riqueza nacional, industrialización con sustitución de importaciones y seguridad alimentaria.
A la par, el Gobierno nacional refuerza los controles en el combate al contrabando, sobre todo el denominado a la inversa con la salida ilegal de alimentos y combustibles hacia países fronterizos, donde se comercializan a precios varias veces superiores, con la correspondiente escasez y el encarecimiento en el mercado interno.
Sectores de la oposición aseguran que el Mescp está agotado, aunque no plantean alternativas que prioricen los intereses de la población más vulnerable y proponen fórmulas de corte neoliberal que antes de 2006 fracasaron en Bolivia.
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