Prensa Latina constató en la mañana un aumento de la presencia de vallas y uniformados que impiden el acceso a la Plaza Grande, aunque seguidores de Noboa sí se encuentran en ese espacio público ubicado frente a la sede del Ejecutivo.
Este domingo inició oficialmente la campaña electoral en esta nación sudamericana rumbo a los comicios del 9 de febrero, en los cuales Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) es uno de los 16 aspirantes a la jefatura del Ejecutivo para el periodo 2025-2029.
Sin embargo, hasta el momento, el gobernante no ha dicho si pedirá licencia, como prevé la ley, para participar en las actividades proselitistas.
Desde el Ejecutivo alegan que para el gobernante no es obligatoria la licencia porque no opta por la reelección, ya que llegó al poder para completar el mandato del expresidente Guillermo Lasso, que activó la muerte cruzada en 2023.
La Policía Nacional se sumó a un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas de acatar únicamente las disposiciones de Noboa, luego de que la vicepresidenta, Verónica Abad, anunciara que asumiría el poder este domingo cuando el mandatario pidiera licencia para la campaña.
Abad fue designada como consejera temporal en Türkiye, a donde debía ir antes del 27 de diciembre, pero como no viajó y se acogió a vacaciones, el Ejecutivo consideró que incurrió en una “ausencia temporal” y nombró a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como vicepresidenta encargada.
Ante el reemplazo, Abad presentó ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, aunque no ha habido respuesta a su demanda.
Luego, este sábado, Noboa designó a Cynthia Gellibert, como vicepresidenta temporal, en reemplazo de Moya, quien dejó el cargo por problemas de salud.
El exmandatario Rafael Correa alertó sobre la posibilidad de un golpe de Estado si el actual gobernante decide no solicitar la licencia para participar en actividades proselitistas, como establece la normativa electoral.
A su vez, juristas ecuatorianos advierten que, si Noboa no toma la licencia obligatoria, podría enfrentarse a un juicio político y a la posible destitución, ya que estaría incumpliendo el artículo 93 del Código de la Democracia.
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