La pesquisa, realizada de conjunto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), puso de relieve inconsistencias significativas en las cifras reportadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como el incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios.
Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8 por ciento de 2022 a 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron 79,7 por ciento y 77,9 por ciento, respectivamente.
Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud, que reportó un aumento de 3,1 por ciento en el número de médicos generales y un incremento de 3,6 en la capacidad de consultorios de medicina general, detalló el informe.
El análisis llamó asimismo la atención sobre los servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, en los que las frecuencias aumentaron más del 53 por ciento durante los citados años, a pesar de que la incidencia de cáncer solo crece a una tasa promedio del cuatro por ciento anual en el país.
Por otra parte, se detectaron 23 mil 410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas, con un costo asociado de 79 mil 838 millones de pesos (más de 18 millones de dólares al cambio actual).
Las irregularidades, apuntó el estudio, representaron un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos (unos 27 millones de dólares).
El estudio se divulga en medio de polémicas en el país generadas por sectores de oposición, que alegan que el Gobierno no destina suficientes recursos para las Unidades de Pago por Capitación (UPC), que en 2025 contará con un incremento del 5,3 por ciento, y que a juicio del presidente Gustavo Petro acaba en los bolsillos de los empresarios.
Las UPC que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud.
En respuesta a esas supuestas inquietudes por la prestación del servicio médico, el mandatario señaló que gran parte de los recursos públicos se usan para favorecer a las EPS privadas en lugar de priorizar la atención directa a los pacientes.
“Parece más importante las utilidades de las EPS hechas con el dinero público que el ejercicio pleno del derecho a la salud por toda la colombianidad”, enfatizó.
El Gobierno colombiano impulsa actualmente una reforma de salud que busca que la atención médica y los servicios asociados sean un derecho universal y no un objeto de lucro.
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