Ministro de Justicia, Cesar Siles, aseguró que hubo un avances del proceso, el cual tuvo un periodo de investigación de cerca de seis meses.
Consideró Siles en entrevista concedida a la agencia estatal ABI que la sentencia será “un precedente inédito”. En este expediente fueron investigados la expresidenta de facto Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz encarcelado preventivamente desde hace dos años, Luis Fernando Camacho; y el cívico del departamento de Potosí Pumari.
También incluyó este caso a los exgenerales de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, al excomandante de la Policía Yuri Calderón y al exministro Luis Fernando López, todos declarados “rebeldes” porque huyeron de Bolivia; así como al exinspector general del Ejército Jorge Fernández.
Tras asumir la presidencia del país ilegalmente el 12 de noviembre de 2019, 48 horas después, Áñez firmó el decreto supremo 4078 (conocido como de la Muerte) que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional.
Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, en la ciudad de El Alto; El Pedregal, en La Paz, y Sacaba, en el departamento de Cochabamba, con un saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego, así como miles de encarcelados y torturados.
Según documentos de la Fiscalía, “existen suficientes indicios” de que Camacho sea el autor de los delitos de “financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, tipificados y sancionados en los artículos 133 bis, 158, 127, 130 y 132 del Código Penal”.
El acusado reveló en diciembre de 2019 en una reunión con aliados golpistas, filmada y transmitida por diversas televisoras, que su padre, José Luis, negoció con militares y policías un acuerdo para que no respaldaran al expresidente Evo Morales, en medio del golpe de Estado.
Pumari también fue parte activa de las violentas movilizaciones con el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones generales de 2019 con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cual fue desmentido por expertos internacionales.
Según Siles, el Ministerio Público colectó un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos de octubre de 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados, así como pruebas forenses y documentales.
jcm/jpm
