En febrero de 2023, el 94 por ciento de los sondeados reprochaban el hecho y en diciembre de ese año, el 89, una reducción de ocho puntos porcentuales entre 2023 y 2025.
La encuesta muestra que la desaprobación supera el 80 por ciento entre los votantes del exmandatario Jair Bolsonaro y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Quaest realizó ocho mil 598 entrevistas entre el 4 y 9 de diciembre, y consideró el margen de error de un punto porcentual a más o a menos.
Entre los electores de Bolsonaro, el reproche alcanza el 85 por ciento de los indagados.
Tal porcentaje fue registrado en la última encuesta, en diciembre de 2023. En febrero de ese año, la proporción fue del 90 por ciento.
Entre los votantes de Lula, el índice resulta de 88 por ciento de quienes recriminan los episodios antidemocráticos. En diciembre de 2023, el 94 por ciento de los inquiridos censuraban los eventos golpistas y en febrero era el 97.
La desaprobación a los actos aparece igual o más del 85 por ciento en todas las regiones del país.
En el noreste es de 87 por ciento, en el sureste (86), en el sur (85) y en el centro-oeste (86).
La crítica contra la tentativa golpista también supera el 84 por ciento entre todos los grupos de edad de los sondeados.
El rechazo al complot muestra la resistencia de la democracia brasileña y la responsabilidad de la élite política nacional.
Ante tanta polarización, es de celebrar que el país no haya caído en la trampa de la politización de la violencia institucional.
La mitad (50 por ciento) de los brasileños cree que Bolsonaro tuvo algún tipo de influencia en la organización del conato golpista. Un 39 considera que no.
En febrero, el 51 por ciento de los entrevistados pensaba que el político ultraderechista tenía influencia y un 38 dijo que no.
También la investigación señala que un 48 por ciento de los interrogados estima que el exgobernante (2019-2022) participó en el plan de intento de golpe, mientras que un 34 defiende que no.
Bolsonaro y otras 36 personas fueron acusadas por la Policía Federal en noviembre por sospechas de crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal.
Por primera vez, un expresidente electo en el período democrático fue acusado de ser responsable de conspirar contra la democracia en el gigante sudamericano.
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