Las láminas señalizaban el Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Justicia, en esta capital, donde en 1985 fueron condenados dictadores como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Roberto Eduardo Viola.
Por tal motivo, la Asociación solicitó al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, información sobre lo sucedido y las razones por las cuales fueron retirados esos elementos desde octubre pasado sin previo aviso ni explicación.
En declaraciones al diario Página 12, la rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Cristina Caamaño, señaló que ese hecho tiene lugar en un contexto marcado por el desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, defendidas por la sociedad argentina desde hace más de 40 años.
Además de desfinanciar ese centro de altos estudios e intentar sustituir a las autoridades electas, el Ejecutivo despidió en los últimos días a los trabajadores de espacios de memoria como la antigua Escuela de Mecánica de la Armada y anunció el cierre del centro cultural Haroldo Conti.
Entre 1976 y 1983, Argentina vivió los momentos más oscuros de su historia y más de 30 mil personas fueron secuestradas, detenidas, torturadas y asesinadas por la última dictadura cívico-militar en este país.
En ese contexto, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones denunciaron los horrores cometidos por el régimen e iniciaron la búsqueda incesante de la verdad.
Por decretos del expresidente Raúl Alfonsín (1927-2009), en 1983 fue creada la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
Dos años después, en 1985, comenzó el proceso contra los dictadores Videla, Massera, Viola, Orlando Ramón Agosti, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.
En el mismo sobresalió la labor del fiscal Julio Strassera y su adjunto, Luis Moreno, en momentos en que el enjuiciamiento de los jefes militares fue obstruido por las Fuerzas Armadas.
Durante la acusación a los represores, el fiscal aseveró: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡Nunca más!”.
La sentencia de cinco de los nueve procesados fue considerada un hecho histórico y un golpe a la impunidad.
Tras su llegada al Gobierno en 2003, Néstor Kirchner (1950-2010) implementó medidas para separar de las Fuerzas a los responsables de aquellos hechos y anular leyes que habían permitido a los culpables evitar las condenas correspondientes.
Desde entonces fueron procesados cientos de exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad.
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