Avalada por nueve de cada 10 salvadoreños, la medida prorrogada la víspera por la Asamblea Legislativa, a solicitud del gabinete de seguridad del gobierno, atrae más apoyo que críticas luego de ayudar a que el país se posicione como uno de los más seguros del continente, y del mundo.
Aunque restringe tres derechos constitucionales, su impacto es evidente en la vida de toda la población, desde la movilidad, el comercio en toda escala, la recuperación de viviendas, el precio de los bienes inmuebles, entre otros beneficios.
Gracias a su efectividad la población puede desplazarse libremente ahora, pues hace 32 meses traspasar apenas una calle o una línea imaginaria era motivo para que representara el acoso de las bandas e incluso la muerte.
A su favor actúa que facilitó eliminar a las pandillas de barrios y colonias, desbarató sus negocios ilícitos como el tráfico de drogas, la extorsión y negocios fachada donde lavaban dinero.
Hoy es historia la división de territorios establecidas por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y la 18 que causaron miles de muertos entre pobladores indefensos.
Un dato ilustrativo de su efectividad es que al menos el 88 por ciento de los ciudadanos se sienten seguros en la ciudad, barrio o demarcación donde antes las bandas hacían imposible la convivencia.
Desde que se puso en marcha la normativa, las fuerzas del orden llevaron tras las rejas a 83 mil 600 mareros, a quienes decomisaron más de tres millones en efectivo, más de cuatro mil 500 armas y 20 mil celulares con información valiosa que los incrimina en miles de delitos.
Resultado de la política prorrogada la víspera es que el país logró más de 770 días sin homicidios y cero extorsiones, además de una reducción en todos los delitos de alto impacto.
En marzo la medida cumplirá tres años de su implementación en 2022 y se espera que para esa fecha, el presidente Nayib Bukele, lleve a hecho su promesa de suavizar algunos de los tres derechos constitucionales suspendidos en cuanto a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
La aprobación llega un día después de que el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) publicara una correspondencia del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en la que dio trámite a una petición de liberar 150 personas detenidas arbitrariamente.
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