Mediante un comunicado, el ente rector de los comicios en el país explicó que correspondía a este asumir el cargo de acuerdo con lo establecido en ley, pero al encontrarse ausente es necesario que puedan seguir las actividades con normalidad.
Alfaro aparece desde fines de septiembre de 2024 como la única magistrada titular debido a la implicación de otros cuatro togados en el caso por la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La presidenta del TSE calificó a inicios de abril de ese año de histórica la reincorporación de sus colegas acusados por supuesto fraude tras una decisión de la jueza a cargo, Karen Chinchilla, quien ordenó una medida sustitutiva contra la solicitada privación de libertad.
A través de una grabación, junto a Aguilera, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y Mynor Franco, la autoridad expresó su alegría por el hecho y consideró “es un día de fortalecimiento institucional”.
Los cuatro togados habían regresado al país luego de tres meses fuera y se presentaron voluntariamente ante un tribunal. Sin embargo, un mes después una sala de Apelaciones les prohibió ejercer, lo cual confirmó la Corte Constitucional.
Expertos advirtieron que con la suspensión de los magistrados se ponía en evidencia la violación al principio de legalidad e incumplían con la obligación de velar por la protección nacional e internacional de derechos humanos.
En mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de manera provisional a las autoridades electorales, quienes –para muchos- están siendo perseguidos penalmente por el Ministerio Público (MP).
Las acciones judiciales que la Fiscalía emprendió vinculadas al proceso electoral por supuesto fraude, entre otras, conmocionaron a Guatemala y a la comunidad internacional.
El MP relacionó a los magistrados con la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
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