El acuerdo, según apuntó el Gobierno, se asume “no solo como un acto de memoria histórica, sino como un compromiso institucional para combatir las desigualdades que aún persisten’.
Igualmente, para actuar con mayor determinación en la “construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática”.
La iniciativa se adoptó a propósito del 600 aniversario de la llegada de los gitanos a España, que supone ‘una oportunidad histórica para reconocer y celebrar la ‘profunda huella cultural, social y lingüística’ marcada por este pueblo en el país ibérico.
El texto subrayó ‘la exclusión, la persecución y la discriminación’ que sufre y ha sufrido’ el pueblo gitano en España, enfrentándose a importantes barreras en áreas claves como la educación, el empleo, la vivienda y la salud.
Fue el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el encargado de presentar a los medios la declaración, también suscrita por las carteras de Trabajo y Economía Social; Política Territorial y Memoria Democrática; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Igualdad; y Juventud e Infancia.
Fue un 12 de enero del año 1425 cuando el pueblo gitano entró en la Península Ibérica a través del reino de Aragón, según consta en documentos históricos.
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