Divulgada en noviembre de 2022, la misiva de los golpistas presionaba al entonces comandante del Ejército, general Freire Gomes, a sumarse al conato violento.
Titulado «Carta al Comandante del Ejército de Oficiales Superiores de la Activa del Ejército Brasileño», el documento fue firmado por 37 militares y recibido por el teniente coronel Mauro Cid, ayudante de órdenes del entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El texto hacía consideraciones sobre los compromisos de los uniformados con la legalidad y criticaba la actuación del Poder Judicial durante el proceso electoral.
Al finalizar su demanda, los oficiales indicaron que estaban «atentos a todo lo que está pasando y que viene provocando inseguridad jurídica e inestabilidad política y social en el país».
Una investigación del Ejército concluyó que 12 coroneles, nueve tenientes coroneles, un mayor, tres tenientes y un sargento participaron en la elaboración de la carta.
La redacción estuvo a cargo de cuatro coroneles, siendo dos activos (Alexandre Castilho Bitencourt da Silva y Anderson Lima de Moura) y dos de la reserva (Carlos Giovani Delevati Pasini y José Otávio Machado Rezo Cardoso).
Todos fueron acusados por el Ejército y la Policía Federal (PF).
El coronel Bitencourt da Silva obtuvo una decisión preliminar que suspende, por ahora, la acusación del Ejército. El informe busca contacto con los citados.
Según las Fuerzas Armadas, los coroneles cometieron dos delitos previstos en el Código Penal Militar: la publicación, sin licencia oficial, de crítica al acto de su superior, y la incitación a la desobediencia y a la indisciplina.
La PF imputa a los oficiales los crímenes de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y participación en organización criminal.
De acuerdo con la pesquisa de la PF, el teniente coronel Araújo Júnior, involucrado en la redacción de la misiva, estimaba que una eventual investigación sobre el caso solo ocurriría en el ámbito de la Justicia Militar.
Por esos delitos, un grupo de nueve fiscales examina desde el 2 de diciembre la indagación policial que acusó a Bolsonaro y a otras 36 personas por presunta participación en la tentativa golpista de 2022.
Hay tres caminos que la Fiscalía puede seguir con el informe en manos: enviar una denuncia, pedir más averiguaciones o archivarlo.
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