En un comunicado difundido en sus redes sociales, el legislativo calificó de «vergonzosa cadena nacional» las disculpas ofrecidas por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien acusó a la Asamblea de acudir a la audiencia judicial sobre el caso como “amigos del juez”.
El organismo parlamentario aclaró que se presentó en la diligencia con el recurso denominado amicus curiae para actuar en «defensa del derecho de los ecuatorianos a conocer la verdad y obtener justicia».
Por otro lado, la Asamblea expresó preocupación por las amenazas del Ministerio de Defensa contra la jueza Tanya Loor, quien el pasado 24 de diciembre catalogó como desaparición forzada lo ocurrido a los cuatro niños llevados por militares en una camioneta y que luego aparecieron muertos.
En su intervención, transmitida en cadena nacional en la noche del lunes, Loffredo insistió que el Gobierno llegará «hasta las últimas consecuencias» para que la magistrada sea sancionada.
El funcionario añadió que por ese caso hay 16 militares procesados y en prisión preventiva, pero rechazó que se pretenda involucrar en un crimen de desaparición forzada a todas las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, más de 40 organizaciones sociales catalogaron como “falsas disculpas” el pronunciamiento de Loffredo y señalaron que esas declaraciones buscan minimizar la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de políticas de militarización.
El Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» consideró que las declaraciones del ministro de Defensa están distantes de estándares internacionales de derechos humanos, con un discurso de intimidación, y que instaura una narrativa sobre presunta persecución política a las Fuerzas Armadas.
Las cuestionadas disculpas del mandatario llegaron seis días después de confirmarse la muerte de Ismael, Josué, Saúl y Steven, los cuatro chicos que el domingo 8 de diciembre de 2024 salieron a jugar fútbol y luego un grupo de 16 militares se los llevó en una camioneta.
Los cadáveres fueron encontrados el 24 de diciembre pasado y, el 31 de diciembre, cuando el país se disponía a celebrar el año nuevo, la Fiscalía confirmó sus identidades.
Los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) involucrados en este caso recibieron una orden de prisión preventiva y están en la cárcel de Latacunga.
El hecho ha puesto bajo escrutinio el accionar de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Armadas y sus atribuciones en el contexto del conflicto armado interno.
El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas apelaron la sentencia que reconoció la desaparición forzada de los cuatro niños, una petición a la cual se sumó el Ministerio del Interior, liderado por Mónica Palencia.
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