La iniciativa, que propone una alternativa al cumplimiento de las penas en prisión, está en consonancia con lo estipulado en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023), según resaltó el Ministerio de Justicia.
Hasta la fecha, de acuerdo con la fuente, 105 mujeres fueron liberadas bajo esta medida, y se encuentran habilitados dos mil 549 cupos en todo el país para que más puedan acceder al programa, gracias a la colaboración de 27 aliados, entre organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro y organismos públicos.
En Colombia, cinco mil 942 mujeres cumplen los requisitos para beneficiarse de esta ley, acotó la comunicación.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, resaltó la importancia de la articulación institucional para implementar esta alternativa penal y señaló que la prioridad es ampliar la cobertura.
“El Ministerio ha acompañado a las mujeres en los centros carcelarios para conocer las expectativas de más de cinco mil privadas de la libertad y establecer quiénes cumplen los requisitos”, declaró.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó por su parte que el número de penas concedidas sigue siendo bajo debido al desconocimiento de la ley y a interpretaciones restrictivas de algunos operadores judiciales.
También la fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a la importancia de esa iniciativa, y pidió a los fiscales realizar investigaciones que demuestren las circunstancias de vulnerabilidad de las mujeres procesadas, facilitando la aplicación de esta medida desde la etapa de sentencia condenatoria.
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