Según el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Juan Arias, la iniciativa presentada por el Gobierno se puede discutir durante el mes de enero y quizás la primera semana de febrero.
Arias advirtió de las posibles consecuencias enormes y catastróficas que puede traer la no aprobación de este proyecto, en el tiempo previsto.
La opinión del empresario tienen lugar luego que el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijera en conferencia de prensa que en 2025 los jubilados podrían ver mermadas sus jubilaciones en un 13 o un 15 por ciento, si el proyecto no era aprobado.
Por su parte, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Yarelis Rodríguez, indicó que la ley es clara y el Estado debe garantizar el pago de los jubilados.
“Si no hay dinero, va a tener que sacar de otro lado para pagarle, pero no se les puede descontar a los jubilados. Y si recordamos, el presupuesto presentado este año para el 2025 contempla los montos para pagarle”, remarcó.
En el primer debate de la norma surgieron las primeras propuestas de la bancada oficialista Realizando Metas de que el aumento de la edad de jubilación sea de manera escalonada.
Otros consideraron la posibilidad de que se incremente el actual impuesto a las transacciones de bienes y servicios como mecanismo para financiar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, a lo que se oponen la mayoría pues podría ocasionar un efecto de cascada en todos los panameños.
Las deliberaciones en el Legislativo tienen lugar en medio de constantes manifestaciones de colectivos de trabajadores que reafirmaron se mantendrán en las calles en defensa de una ley justa que garantice pensiones dignas y contribuya a mejorar los servicios médicos.
En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Marco Andrade, indicó que estarán vigilantes de que la iniciativa no avance a otros niveles.
Andrade explicó que ahora el proyecto tuvo insuficientes modificaciones, luego de la postura del pueblo y varias de sus organizaciones en consultas ciudadanas.
Sin embargo, alertó que el Ejecutivo espera que se apruebe cláusulas en el pago de pensiones como el sistema de cuentas individuales en detrimento del solidario y que apuntala la privatización de los fondos, lo que rechazan los trabajadores y sus colectivos.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción y otro de los voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez, llamó a los diputados que deroguen esa ley antipatria, que solo aporta ganancias a los bancos y las administradoras de pensiones.
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