La Policía Federal identificó, por ejemplo, que al menos 65 brasileños penados por los episodios antidemocráticos de esa fecha entraron a Argentina y solicitaron refugio.
Tal procedimiento cumple con la decisión dictada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), en 64 casos punitivos que determinan la entrega de estos sancionados que permanecen en otras naciones.
Ahora, cualquier nueva demanda de extradición también puede ser contemplada con la medida.
Con esta autorización, la AGU solicitará al STF información actualizada sobre las jurisdicciones destinatarias de las solicitudes de reclamación.
Además, la Unión actuará junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para identificar los casos que recomiendan la efectiva actuación judicial en el exterior y así garantizar la efectividad de las extradiciones.
Según la AGU, las peticiones que procedan de acciones judiciales en Brasil son remitidas por la autoridad judicial a la cartera de Justicia, a la cual le compete realizar el examen de la presencia de los requisitos formales de admisibilidad exigidos en ley o tratado.
En caso de que se cumpla, deberá disponer de la remisión inmediata de la solicitud al Estado requerido (donde se encuentra el condenado), por vía diplomática o por medio de autoridades centrales.
La actuación de la AGU para viabilizar el ingreso de Brasil como parte en procesos judiciales de extradición en el extranjero es complementaria y eventual a los trámites por el ministerio.
El Estado brasileño puede intervenir como parte procesal en procesos judiciales extranjeros relacionados con demandas de extradición, actuando normalmente como asistente procesal de la parte autora, para contribuir a la aclaración de cuestiones de hecho y jurídicas que surjan en el curso del asunto.
La medida fue adoptada en otros procesos de extradición.
Esta contratación de abogados habilitados para representar los intereses del Gobierno federal en las jurisdicciones destinatarias de las solicitudes de extradición es necesaria por los requisitos de habilitación profesional exigidos por otros países.
Lo anterior, porque los abogados de la Unión, por lo general, no tienen capacidad profesional en jurisdicciones extranjeras.
Hasta la fecha, de las más de mil 600 denuncias dadas por la Fiscalía General, el STF condenó a 371 personas implicadas en la invasión y saqueo en enero de 2023 de las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el Supremo y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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