La compañía decidió abandonar las asociaciones con verificadores de hechos externos, sustituyéndolas por un sistema de «notas de la comunidad», similar al modelo adoptado por la red social X.
«Creo que es extremadamente grave que haya gente que quiera que la comunicación digital no tenga la misma responsabilidad que quien comete un delito en la prensa escrita», afirmó Lula ante periodistas. Ejemplificó como si un ciudadano pudiera ser castigado porque hace algo en la vida real y no podría ser penado por hacer lo mismo en la red digital.
Defendió que cada país preserve su soberanía para definir los límites de actuación de las redes sociales.
«No puede un ciudadano, dos ciudadanos, tres ciudadanos pensar que pueden dañar la soberanía de una nación», recalcó.
Mark Zuckerberg, propietario de Meta, justificó el cambio como un movimiento hacia la descentralización del control sobre el contenido.
Según Joel Kaplan, jefe de asuntos globales de la empresa, las anteriores colaboraciones con verificadores de hechos tenían buenas intenciones, pero acabaron «perjudicadas por prejuicios políticos» en la elección y tratamiento de los temas verificados.
«Ahora tenemos una nueva administración y un nuevo presidente (Donald Trump) que son grandes defensores de la libertad de expresión, y eso hace la diferencia», argumentó Kaplan, sugiriendo que la mudanza refleja un acercamiento a los valores defendidos por la nueva administración estadounidense.
Ante los hechos, fiscales brasileños exigen que se aclare si los cambios también se aplicarán en el gigante sudamericano.
Por el momento, la compañía recibió un plazo de 30 días para dar una respuesta.
Al respecto, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, invitó a las empresas propietarias de redes sociales a que cumplan las leyes vigentes en el país para que pueden seguir funcionando.
«En Brasil, nuestra Justicia Electoral y nuestro Supremo Tribunal ya demostraron que este es un territorio que tiene derecho. Las redes sociales no son un territorio sin derecho», señaló De Moraes.
Insistió en que esas plataformas seguirán funcionando en el ciberespacio brasileño si respetan la legislación, «independientemente de las bravuconadas de los irresponsables y grandes directivos tecnológicos».
El relator de la investigación que aprueba en el Supremo un supuesto intento de golpe de Estado responsabilizó a las redes sociales como el origen de los actos que resultaron en las depredaciones de las sedes de los Tres Poderes, el 8 de enero de 2023.
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