Mediante un comunicado, el ente rector de los comicios subrayó que la citación por sorteo público a los magistrados suplentes Marlon Barahona, Álvaro Cordón, Noé Ventura y Pablo Leal se realiza con el fin de mantener las buenas relaciones laborales y respetar la institucionalidad.
Describió en el texto que el pasado martes cuatro togados presentaron una nota a la Secretaría General del TSE en la cual llamaron a un pleno urgente en virtud del artículo 128 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y su Reglamento.
Además, Cordón entregó una solicitud para obtener los documentos que dispusieron que Alfaro debía ejercer las funciones de presidenta con posterioridad al vencimiento del plazo para el que fue nombrada.
Dichas acciones –según el TSE- fueron tomadas por sorpresa, ya que la magistrada tuvo buena relación laboral y de decisión con los magistrados suplentes.
Estos aducen –agregó- que conocieron de la presidencia en funciones a través de las redes sociales del órgano electoral. Sin embargo, remarcó, se les convocó a sesión de pleno para discutir el tema el domingo 5 de enero y solo acudieron tres.
Igualmente se les citó para el lunes de esta semana y solo llegaron los mismos, lo cual provocó falta de quórum para la toma de decisiones colegiadas.
Insistió que por la imposibilidad material que tiene el magistrado Gabriel Aguilera de asumir la presidencia, para salvaguardar la institucionalidad, Alfaro, al ser la única titular, continúa al frente.
No puedo, desde el punto de vista legal, dejar un antecedente, en 40 años no se tiene un registro de que magistrados suplentes convocaran a un pleno, agregó la togada la víspera en conferencia de prensa.
La exlegisladora Nineth Montenegro, asesora de magistratura, explicó que estos solo suplen la ausencia de los titulares, que en este caso siguen en funciones, pero se ven imposibilitados debido al proceso penal que enfrentan.
La actual presidenta aparece desde fines de septiembre de 2024 como la única magistrada titular debido a la implicación de otros cuatro togados en el caso por la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.
A inicios de abril de ese año calificó de histórica la reincorporación de sus colegas acusados por supuesto fraude gracias a una decisión de la jueza, Karen Chinchilla, quien ordenó una medida sustitutiva contra la privación de libertad.
Los cuatro togados regresaron al país luego de tres meses fuera y se presentaron voluntariamente ante un tribunal. Sin embargo, más de 20 días después del dictamen de Chinchilla una sala de Apelaciones les prohibió ejercer.
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