El pleno de cinco magistrados titulares junto a dos suplentes electos por sorteo en ese alto tribunal rechazó primero la acción de los abogados Miguel Roberto Balsells, Gerardo Antonio Gálvez y José Manuel Ramírez.
Actuó luego de igual manera en razón de una impulsada por el Centro para la Defensa de la Constitución, las cuales buscaban invalidar el Decreto 36-2024, que aprobó un monto de 148 mil millones de quetzales (poco más de 19 mil millones de dólares), el más alto de la historia.
De acuerdo con reportes, la discusión se centró en garantizar la estabilidad jurídica del Presupuesto aprobado y los togados coincidieron en que cumple con los requisitos necesarios para su promulgación.
Sin embargo, según analistas locales del tema, aún queda pendiente una tercera acción de inconstitucionalidad promovida por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
Este amparo cuestiona varios artículos específicos del presupuesto, lo que podría generar un debate adicional en las próximas semanas.
Con la resolución de la CC, el Presupuesto 2025 continúa vigente y, por lo tanto, permite que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, en su segundo año de gestión, avance sobre los proyectos planificados para año fiscal.
Del valor total, el Legislativo aceptó que se destinen aproximadamente 12 mil millones de quetzales (casi mil 600 millones de dólares) a los Consejos Departamentales de Desarrollo.
Los 23 diputados del partido oficial Movimiento Semilla lograron 117 votos de 160 para darle luz verde al Presupuesto, algo calificado de victoria e importante para sacar adelante temas pendientes en infraestructura, entre otras.
Las críticas, no obstante, sobrevinieron pronto, como un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el cual indicó que “la inversión pública sigue siendo insuficiente”.
lam/znc
