El análisis se efectuó a última hora la víspera y tuvo como centro la protección de la población civil ante el ataque del Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, en una ciudad con unos dos millones de habitantes y miles de desplazados viviendo en diferentes campamentos.
#RDC #Securite | Cette nuit à la Cité de l’Union africaine, le Chef de l’État a présidé une réunion de crise sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la province du #NordKivu. pic.twitter.com/rINvOjnm6t
— Présidence RDC
(@Presidence_RDC) January 27, 2025
El portavoz del Gobierno, Patrick Muyaya, expresó indignación por las acciones del M23 contra estos emplazamientos de refugiados, una violación del derecho internacional humanitario.
El domingo los campamentos fueron bombardeados, precisó Muyaya, por lo que en la reunión se estudiaron los mecanismos, tanto a nivel gubernamental como militar, para tratar de garantizar la protección y la seguridad de las poblaciones.
Apuntó que el presidente Tshisekedi expresó solidaridad a las poblaciones afectadas por la guerra y anunció que se toman todas las medidas para proteger a la población.
“Nuestra prioridad esta noche con el Ejército es ver cómo preservamos vidas humanas”, aseguró el portavoz. Este domingo, la ministra de Relaciones Exteriores de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, denunció la entrada de nuevas tropas ruandesas en territorio congoleño, durante una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Este ataque directo de Ruanda constituye una declaración frontal de guerra que ya no se esconde tras artificios, afirmó la canciller en Nueva York y aseguró que los militares pasaron por los puntos 12 y 13 de Gisenyi, lo cual los acerca a Goma.
La titular pidió sanciones específicas contra quienes están en la base de la agresión a su país y señaló al Consejo de Seguridad porque, a pesar de las reiteradas advertencias del Gobierno congoleño durante los últimos tres años, el ente ha permanecido pasivo.
Enfatizó que la RDC espera acciones concretas del Consejo de Seguridad, como la exigencia del fin de las hostilidades por parte de Ruanda y la retirada de sus tropas de suelo congoleño.
También sanciones específicas y embargos sobre minerales, en particular el coltán, pues consideró que la crisis está directamente relacionada con el pillaje económico del país.
“El último informe del grupo de expertos de la ONU revela la magnitud del robo orquestado por Ruanda. Cada mes se extraen ilegalmente más de 150 toneladas de coltán y se transportan a Ruanda, donde se etiquetan fraudulentamente para su exportación”, sostuvo.
La canciller pidió, además, revocar el estatus de Ruanda como país contribuyente a tropas de la ONU e imponer el sistema de notificación para todas las ventas de armas de esa nación.
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