En conferencia de prensa, ese colectivo llamó a derrotar con acciones de protesta la iniciativa que el Gobierno junto al sector empresarial quiere imponer en el Legislativo.

Durante el encuentro del MSP con medios de comunicación, el economista Juan Jované indicó que la única salida en correspondencia con los intereses de la población es el repudio total a esa normativa y las modificaciones que establece para la única entidad pública de atención a jubilados.

Jované calificó de «antinacional” el proyecto presentado por el Ejecutivo, pues atenta contra el interés de las mayorías y no reconoce a la seguridad social como un derecho humano fundamental.

Asimismo, el proyecto desconoce la necesidad de una pensión digna y la protección ante los riesgos profesionales o frente al paro forzado de trabajadores cotizantes, según explicó.

De otra parte, opinó que es injustificable que se desconozca al sistema solidario en el pago de pensiones, incluso aseveró que la Comisión de Salud y Trabajo que aprobó ya en primer debate uno de cuatro bloques de la ley, plasmó un texto lleno de errores garrafales que afectan a la institución.

Para Jované, la llamada ley 163 favorece los intereses del capital financiero externo y local, uno de cuyos órganos de presión son las empresas calificadoras de riesgo que recalan en suelo panameño y alertó que los artículos del segundo bloque están cargados de privatización, desnacionalización, riesgo e incertidumbre, lo cual es inaceptable.

Ante la realidad, el MPS llamó al pueblo a movilizarse y a no dejarse sorprender e intimidar por grupos económicos falaces y manipuladores, que recurren al expolio e intentan condenar a la miseria a las actuales y futuras generaciones.

En la jornada, tras participar en un encuentro de la comisión parlamentaria a cargo del proyecto, el economista William Hughes y el abogado Antonio Vargas, denunciaron que una propuesta de cambios a la CSS presentada por la diputada Walkiria Chandler fue totalmente ignorada, lo que representa una violación del reglamento interno del parlamento.

Los representantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida también cuestionaron que luego de meses de consultas ciudadanas en el pleno y por todo el país sobre ese texto, solo prevalecen las propuestas de empresarios, partidos tradicionales y sus bancadas, haciendo caso omiso a las sugerencias hechas por el pueblo organizado.

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